Diccionario del español jurídico

dej.rae.es

Presentación

Santiago Muñoz Machado

I

La Accademia della Crusca (1583), la Académie Française (1635) y la Real Academia Española (1713) se fundaron con el principal objeto de elaborar diccionarios monolingües de italiano, francés y español. Pero afrontaron la tarea con métodos diferentes. El propósito de crear un diccionario requiere, antes que nada, la identificación de las palabras que han de formar parte del mismo, su selección, que tiene que hacerse considerando el uso real de cada palabra, su integración en el sistema del lenguaje ordinario, sea culto, especializado o vulgar. A efectos de esta prueba, cada uno de aquellos tres primeros diccionarios utilizó un criterio diferente: el de la Crusca se valió de la autoridad que tenían los grandes escritores del trescientos, a partir de Petrarca, y trasladó al Diccionario de la lengua italiana (1612) las palabras que habían consagrado en sus obras. Los franceses de la Académie decidieron que ellos mismos, los elegidos, los inmortales, tenían autoridad suficiente para decidir, e incluyeron en el diccionario (1694) las palabras que estimaron que formaban parte de su lengua, sin necesidad de otros refrendos. La Academia Española, aunque teniendo muy presentes ambos modelos, especialmente el francés, se atuvo a un método o planta bastante más perfecto y comprometido(1).

Su opción fue elaborar un diccionario en el que cada palabra hubiera sido seleccionada por constar su utilización efectiva en una base documental o corpus que lo atestiguara. Al aplicar este criterio, se estaban adelantando a la mejor lexicografía de decenios posteriores y situándose en la vanguardia de toda Europa en cuanto a la mejor técnica de preparar diccionarios. Cada palabra habría de tener, por tanto, su propio respaldo en una autoridad ajena a los propios académicos, buscada principalmente en la literatura castellana hasta entonces disponible.

Al aferrarse a este designio y cumplir el plan trazado, el primer diccionario de la Academia Española, publicado en seis tomos entre 1726 y 1739, fue conocido como Diccionario de autoridades porque cada lema que incorporaba incluía una referencia al autor y obra en que lo habían encontrado usado. Su título completo y verdadero fue, sin embargo, Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua(2).

Los académicos se repartieron las letras, siguiendo los criterios que estudió minuciosamente Lázaro Carreter(3), coordinados por el fundamental Vincencio Squarzafigo Centurión y Arriola, académico y secretario perpetuo, ateniéndose a las reglas que ellos mismos habían aprobado. Constaban estas en un folleto titulado «Planta y methodo que por determinación de la Academia Española deben observar los académicos en la composición del nuevo Diccionario de la Lengua Castellana», que se preparó en 1713. Aquí es explícita la idea de apoyar cada palabra que se escogiese en fuentes con autoridad. A estos efectos, la mencionada planta indicaba que los académicos deberían repartirse «los Authores Classicos de la Lengua Española, para que cada uno desfrute la obra [esto es, que saque de ella sus frutos] que le cupiese apuntando las Vozes y Phrases especiales que nuestra Lengua y los textos con que las autorizan». No ha de valer por ello la obra de cualquier autor, sino que la predilección recaerá sobre «autores selectos», obras «de notoria calidad y estimación», prestigiosas e indiscutibles(4).

En la historia de la Academia que figura en el tomo I del Diccionario, se alude al procedimiento de trabajo basado en autoridades:

De todos los puntos que se controvirtieron, en el que se convino con mayor constancia fue en confirmar cuantas voces se pudiesse con autoridades de los mejores Autores, sin embargo de la gran dificultad que esta resolución incluía; porque hallar en un libro una voz es fortuna que ofrece el acaso y muchas veces no consigue el más aplicado estudio; y para vencerla en el modo possible se encargaron los académicos de examinar varios Autores clásicos, sacando de ellos las autoridades más dignas de reparo...

El mismo texto de la historia de la Academia establece también esta justificación:

El poner estas autoridades pareció necessario, porque deseando limpiar, purificar y fijar la lengua, es obligación precisa que la Academia califique la voz, y manifieste los méritos de su juicio, pues con este methodo muestra la moderación con que procede y desvanece las inventadas objeciones de querer constituirse en maestra de la lengua; porque calificada la voz por limpia, pura, castiza y Española por medio de su etymología y autoridades de los Escritores; y al contrario, castigada por anticuada, o por jocosa, inventada, o usada solo en estilo libre y no serio, viene a salir al público, con notoriedad de hecho, que la Academia no es maestra ni maestros académicos, sino unos Jueces que con estudios han juzgado las voces; y para que no sea libre la sentencia, se añaden los méritos de la causa, propuestos en las autoridades que se citan(5).

Los autores clásicos que se consideraron «de notoria calidad y estimación» figuran en la «lista de los autores elegidos por la Academia Española para el uso de las voces y modo de hablar que han de explicarse en el Diccionario de la Lengua Castellana». La relación empieza con obras de carácter medieval y distingue entre la prosa y el verso.

La utilización efectiva de cada autor puede verificarse computando el número de voces en que aparece mencionado. Este es un ejercicio bastante complejo, que algunos autores han acometido pacientemente, pero que ahora facilita la digitalización del Diccionario. El puesto primero en la relación lo ocupa Quevedo, seguido de Cervantes y luego los autores más destacados del Siglo de Oro(6).

Se han estudiado bastante las fuentes literarias del Diccionario y, en general, se ha dado por supuesto que Autoridades está hecho con el apoyo de los clásicos de nuestra literatura esencialmente. Sin embargo, estudios más afinados y exhaustivos, como los publicados por Guillermo Rojo y Pedro Álvarez de Miranda(7), han llegado a constataciones que resultan asombrosas concernientes al papel fundamental que cumplieron otras fuentes no literarias y especialmente los textos de carácter jurídico. En este aspecto no puso tanto énfasis ni la planta ni el preámbulo de Autoridades, que se centraron en invocar obras de calidad y prestigio, medievales o de nuestros siglos de oro, y dejaron en un injusto segundo plano las demás fuentes. Pero las leyes, pragmáticas, ordenanzas, fueros y recopilaciones tuvieron, como ya ha sido desvelado, un papel fundamental. Margarita Freixa Alás estudió la diversidad de los textos legales usados en el Diccionario(8). Entre ellos destacan el Fuero Juzgo, el Fuero Real, las Partidas, «los Fueros de Vizcaya, Sevilla, Galicia, y los demás que se hallaren impresos, generales o particulares, antiguos y modernos, y todas las Pragmáticas Reales», la Nueva Recopilación, la Recopilación de Leyes de Indias, y muchas normas de menor entidad como las Ordenanzas de Abejeros, Huertas y Montes, diversos autos acordados del Consejo, las Ordenanzas Militares, las de Guarnicioneros, las definiciones de la Orden de Alcántara, de la Orden de Calatrava, y diversas pragmáticas de tasas, entre las cuales la más importante para el Diccionario es la publicada en 1680.

Recurren los primeros académicos a las fuentes que les resultan más próximas y conocidas para seleccionar material léxico. La literatura clásica es el corpus más evidente, creativo y brillante desde el punto de vista lingüístico, pero la legislación tal vez fue, para ellos, un granero mucho más repleto y también próximo al vocabulario al que estaban más habituados, considerando sus currículums personales. Algunas de las normas utilizadas, como inmediatamente diré, son sistematizaciones o recopilaciones hechas utilizando criterios de clasificación que no se alejan mucho de la técnica de los diccionarios. Incluyen referencias a la significación de las palabras, imprescindible para la interpretación de las leyes. Todo lo cual debió ser de enorme utilidad para los académicos fundadores. Uno de los textos legales a que se atuvieron fue, por ejemplo, el Ordenamiento de Alcalá de 1348, donde se fijó por primera vez un criterio para jerarquizar las normas entre sí, y que dedicaba casi entero su título XXVII a la significación de las palabras (Ley II: «Como se deben entender las palabras de las leys, e fueros e ordenamientos que fablan en como la justicia o juredicion, o sennorio de los lugares e de otras cosas del Rey...»; Ley III: «Como se deben entender las palabras de los libros de las Partidas e del fuero de las leys o de las Façannas, e costumbre antigua de Espanna e de los Ordenamientos de Cortes...»).

Los fundadores de la Academia Española, en su mayoría con formación jurídica de base y casi todos con empleos en consejos e instituciones en los que era preciso manejar bien el derecho, tenían, por fuerza, que haber estudiado y estar familiarizados con las grandes polémicas sobre el lenguaje jurídico mantenidas a lo largo de los siglos anteriores.

Para no empezar de más lejos, la preocupación de los juristas por las palabras venía de los glosadores, aquel arte que empezó a desarrollarse en Bolonia, en fechas no concretadas que van del 1055 al 1125, gracias a la iniciativa de un individuo, cuyo nombre tampoco ha podido establecerse con exactitud, llamado Guarnerio o Irnerio. Para enseñar el derecho justinianeo con corrección dio en colocar aclaraciones en los diferentes pasajes entre líneas o al margen de cada párrafo. Estos escolios o glosas se basaban en un análisis casuístico y exegético que dio lugar, de modo casi natural y necesario, a la proliferación de géneros literarios muy adecuados a ese trabajo y complementarios del mismo, entre los cuales los vocabularios jurídicos a los que se conoció con diversos nombres: De verbis quibusdam legalibus, De verborum significatione, Expositiones nominum legalium, que llegaron a circular mucho por todo el occidente europeo.

Siguió a Irnerio un selecto grupo de glosadores. Primero sus cuatro notables discípulos (Jacobo, Martín, Hugo y Búlgaro) y luego otros muchos hasta llegar, en el siglo xiii, a dos que marcaron el cénit de la glosa antigua: Azzo, autor de la Summa Codicis; y, sobre todo, Accursio, que alcanzó una enorme y duradera fama por la gran recopilación de glosas, hechas por sus predecesores y contemporáneos, que recibió el nombre de Glossa Ordinaria. Fue la cumbre de la obra de los glosadores.

En los siglos xiv y xv se sumó a la antigua escuela otra que formaron los posglosadores. Renovaron el método dándole una visión más práctica y atenta a los conflictos reales suscitados por la aplicación del derecho y tratando de conciliar el derecho justinianeo con los derechos locales (Mos Italicus se denominó a esta tendencia). Los nombres de los principales posglosadores son Cino da Pistoia (1270-1336), Bártolo de Sassoferrato (1314-1357) y su discípulo Baldo de Ubaldis (1327-1400).

Toda esta literatura medieval fue sometida a crítica severísima por los humanistas italianos que, a partir de Petrarca, se levantaron contra la corrupción sufrida por el latín clásico. El ideal del Renacimiento se había centrado en el restablecimiento de la cultura clásica y, sobre todo, de la lengua latina. Era esta el instrumento del que dependían todos los demás conocimientos y valores. Detectaron enseguida, al examinar las glosas, que el manejo del latín clásico era detestable, y se empeñaron en ponerlo de manifiesto. Después de Petrarca, en la primera mitad del siglo xv, Salutati, Bracciolini, Leonardo Bruni y, sobre todo, Lorenzo Valla. Detrás, muchos más.

Criticaron que los glosadores hubieran pretendido aplicar el derecho justinianeo a una realidad política y social, la medieval, completamente distinta, creando un lenguaje bárbaro, que ignoraba, además, el contexto en el que nacieron los textos romanos. De esta actitud crítica nace el humanismo jurídico, la primera filología jurídica, que representan excelentemente Valla y Poliziano. El centro de sus críticas fue Accursio, el autor de la Magna Glosa, a quien consideraron el máximo exponente de la corrupción del latín; tanto a él como a la acursiana secta. Valla, que se había ejercitado en el estudio de muchos mitos reconstruidos con ignorancia de los hechos y de la lengua, como, por ejemplo, en su famosa impugnación de la Donación de Constantino, se despachó a gusto en el último libro de sus Elegantiarum linguae latinae libri sex.

Nuestro Antonio de Nebrija, que había estudiado en San Clemente de los Españoles, en Bolonia, y que conocía bien todo el movimiento humanista, del que él fue un destacadísimo exponente, trajo a España todas estas preocupaciones. A pesar de que no era jurista, sino gramático, preparó tres obras de contenido jurídico: Iuris civilis lexicon (Salamanca, 1506), que es un diccionario de términos jurídicos, unas acotaciones sobre libros de derecho civil y las Annotationes in libros pandectarun. Ayudó de esta manera a ilustrar la ciencia jurídica, como dijo Luis Vives, «con ayuda de la filología y de la arqueología». El Iuris civilis lexicon es una crítica desgarrada, desabrida, en la que emplea descalificaciones tremendas, como no era infrecuente en las disputas intelectuales de la época, contra Accursio, el gran corruptor, el bárbaro. Adversus barbaros(9) es el título del famoso epigrama del lebrijense.

Esta comunión entre la filología humanista y el derecho, a propósito del buen uso de la lengua y de la significación de las palabras, así como sobre el mejor método de preparar vocabularios o diccionarios, se mantuvo en los establecimientos públicos y en los círculos cultos de toda Europa. No solo porque el derecho romano siguió teniendo amplia vigencia, al menos indirecta, al ser recogidas sus instituciones en costumbres y textos locales, sino porque el mismo afán depurativo de los humanistas empezó a manifestarse en cuanto en Europa alcanzaron un grado importante de maduración las lenguas romances, derivadas del latín, y se prepararon los primeros vocabularios o diccionarios donde fijarlas con criterios paradigmáticos.

Por tanto, nuestros primeros académicos, en su mayoría con formación jurídica y miembros de consejos, hubieron de tener delante todas esas experiencias que debieron pesar en el manejo de las fuentes jurídicas para la preparación del Diccionario. Fueron criterios humanísticos los que de modo indiscutido se usaron para crear Autoridades(10).

II

El peso específico que tuvieron los documentos legales en la preparación del Diccionario de autoridades se refleja, más que en la lista de autores elegidos, en las tablas de abreviaturas y sobre todo en las citas, que descubren definitivamente las fuentes que realmente se utilizan. Hay entre estas últimas muchas menciones a documentos que no tienen carácter literario, entre los cuales los de contenido jurídico son los más importantes. M. Freixa Alás ha contado hasta cuarenta y ocho textos legales distintos en el Diccionario(11).

La mayor parte de ellos son utilizados esporádicamente, como prueban las tablas de Guillermo Rojo, pero hay otros que tienen una presencia continua y son la fuente de centenares de palabras. Especialmente la Nueva Recopilación de 1567, la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, las Partidas, el Fuero Juzgo y una variada cantidad de fueros municipales y ordenanzas y pragmáticas, entre los que destaca, como veremos, la Pragmática de tasas de 1680.

La Nueva Recopilación ocupa el tercer lugar en número de citas con 1532, solo superada por Quevedo y Cervantes, Lope de Vega y Fray Luis de Granada. Si se suma el total de citas de textos jurídicos resulta que esta fuente está a la altura de la obra literaria más citada y por encima de la mayoría de ellas(12).

El caso de la Pragmática de tasas es paradigmático del peso que tuvieron las fuentes legales.

La Pragmática de 1680, que renueva otra de 1627, es una norma característica de las intervenciones económicas en los mercados y el comercio durante largos períodos del Antiguo Régimen, especialmente en los momentos más álgidos del mercantilismo. Las denominaciones de estos productos tasados formaban un vocabulario castellano tan rico como extenso, ideal para completar el lenguaje más refinado de las fuentes literarias con los nombres de las cosas más cotidianas y vulgares; imprescindibles también para el Diccionario. Era un repertorio impresionante por su riqueza, aunque sin autoridades literarias que lo respaldasen: no ofrecía más autoridad lingüística que la que el respeto a la norma, siempre imponente y de cumplimiento debido, tuviera por sí misma. Las 51 páginas de la Pragmática tienen una media de 30 palabras distintas, con lo que puede calcularse el inmenso valor de la mina que explotaron los académicos. Algunos ítems, que son más descriptivos, ofrecen varias al mismo tiempo que resultaban aprovechables: «cada vara de franja de seda de dos hazes, cortadas por dos lados y el cayrel, en medio, a 34 maravedís» (pág. 36) o «cada pie de puerta, o ventana, moldada de quartón, a un haz, con cercos de vigueta, y tableros de nogal, a diez reales» (pág. 31).

Según los recuentos de Rojo la Pragmática se cita 785 veces en Autoridades, lo que la sitúa en el puesto duodécimo del ranking de las obras utilizadas. Pero su importancia cualitativa es aún mayor, como ha hecho notar el último autor citado. Si se compara la extensión del Quijote y la de la Pragmática resulta que el texto de esta es utilizado el doble de veces que la obra de Cervantes. La prueba la hace Álvarez de Miranda partiendo de las citas del Quijote que el secretario de la Academia Vincencio Squarzafigo extrajo de la edición madrileña de 1706. Los dos tomos suman 722 páginas. El Quijote se cita en el Diccionario 2403 veces y la Pragmática, 785. Pero considerando el número de páginas de cada obra resulta que la ratio de citas por página de la novela es de 3,32 y la del texto legal 7,77; el doble este, por tanto.

También es digno de ser destacado que cuando en los artículos del Diccionario se utilizan varias citas, unas literarias y otras legales, se ordenan poniendo siempre por delante estas últimas. Así ocurre hasta cuando las menciones a la modesta Pragmática se enfrentan con invocaciones de Cervantes o Quevedo. El Diccionario no solo reconoce la misma autoridad a aquella norma que a los clásicos, sino que pone por delante la cita de la Pragmática.

Si las fuentes que utiliza un diccionario han de reflejar la utilización real de la lengua, el sistema entero de comunicación y no solo el lenguaje culto, o el lenguaje técnico, bien se comprende que los académicos que trabajaron el Diccionario vieron en los textos legales, que además conocían bien porque casi todos ellos, como ya he dicho, habían estudiado leyes y servían en alguno de los consejos reales, las audiencias u otras instituciones públicas, la más indiscutible autoridad, complementaria de los grandes autores, y riquísimos almacenes de palabras.

No quiere esto decir que el léxico traído al Diccionario desde las normas jurídicas fuera siempre de carácter técnico y especializado. El vocabulario recogido de la Pragmática de tasas, por ejemplo, designaba actividades y objetos de la vida ordinaria, que en ninguna parte podría encontrarse mejor compilados y ordenados que en los textos legales. Servían estos de fuente para conocer tanto el lenguaje del Estado o poder explicar la significación de los términos que usaban las leyes y los tribunales para resolver los litigios entre particulares, como las formas de expresión usuales u ordinarias que necesariamente tenían que recoger al proveer sobre las necesidades de las gentes y ordenar la convivencia. Esta doble proyección de los textos jurídicos incrementaba su valor como fuente del Diccionario.

III

Toda la legislación utilizada para la elaboración del Diccionario de autoridades era, por lo expuesto, preborbónica, anterior a la Ilustración, legislación que respondía, por tanto, a un orden de ideas esencialmente medieval. Representaba un universo jurídico que estaba a punto de ser sustituido; los postulados ideológicos ilustrados reclamarían un cambio inmediato de buena parte de aquellos textos para acomodarlos a nuevas concepciones políticas (el centralismo que sustituyó inmediatamente a la organización del Estado que habían mantenido los Austrias, a partir de los Decretos de Nueva Planta), económicas (se inició la legislación sobre libre comercio), culturales (regalismo y nueva ordenación de la educación; expulsión de los jesuitas; inicio del patronazgo cultural de Felipe V y sus inmediatos sucesores) y jurídicas (revisión en las universidades del peso de la enseñanza basada en el derecho romano, cambio en los procedimientos de adopción de normas y paulatina ampliación de las garantías de los derechos).

Por lo pronto, una riada de disposiciones nuevas desplazaron al viejo derecho. Desde luego el de los territorios forales, que, en su parte de derecho público, es arrasado por los Decretos de Nueva Planta desde 1707. Pero también todo el derecho de la vida cotidiana que estaba representado en Autoridades por la Pragmática de tasas o por las Ordenanzas de Abejeros, Huertas y Montes, las de Guarnicioneros, las Constituciones de la Hermandad del Refugio, la Pragmática de Trages u otras disposiciones de contenidos igualmente humildes.

El Consejo de Castilla se denominó Consejo Real a partir de la supresión del Consejo de la Corona de Aragón mediante Real Decreto de 15 de julio de 1707 y se encargó desde entonces de legislar. Las Cortes dejaron prácticamente de reunirse y todo el nuevo derecho se producía ordinariamente mediante pragmáticas, reales decretos, reales órdenes y autos acordados.

Para facilitar su conocimiento y manejo, una Pragmática de 1723 ordenó la recopilación de todos los autos acordados de Felipe V para complementar la nueva recopilación de 1567. Se agruparon por orden cronológico.

En 1745 se volvió a editar oficialmente la nueva recopilación de 1567, a la que se añadió otro tomo con los autos acordados del Consejo. Se hicieron otras ediciones en 1772, 1775 y 1777. Nada de ello resolvió el creciente problema del desorden normativo y el incremento de la masa de legislación, sobre la que formularon quejas sucesivas personajes tan influyentes como Campomanes y Jovellanos, entre otros muchos.

Había interés en recopilar toda la legislación producida desde 1745 y fue Campomanes quien propuso al Consejo el nombramiento de Manuel de Lardizábal, entonces alcalde del crimen de la Audiencia de Granada, para que se ocupase de hacerlo. Se efectuó el encargo y Lardizábal, asistido por una Junta de Ministros, acometió el trabajo recopilatorio que presentó al Consejo en 1785 en tres gruesos volúmenes que comprendían más de 500 normas. Pero los fiscales del Consejo lo informaron desfavorablemente y el suplemento no se publicó nunca. Una Colección de pragmáticas, cédulas, provisiones, autos acordados y otras providencias generales expedidas por el Consejo Real en el reynado del Señor Don Carlos III se editó sucesivamente en el período final del siglo (la tercera y última edición es de 1803). Empezaba por una Cédula de 5 de marzo de 1760 relativa a las Ordenanzas de Intendentes. El trabajo de Lardizábal había sido influyente y crucial para la culminación de esta compilación.

Carlos IV encargó a Juan de la Reguera Valdelomar(13) que corrigiese y completase el suplemento preparado por Lardizábal. Presentó su trabajo al poco y anunció al monarca que, además, tenía dispuesto un plan para llevar a cabo una compilación general que se llamaría Novísima. El rey le confirmó el encargo y Reguera lo terminó con diligencia. Un Real Decreto de Carlos IV dictado el 15 de julio de 1805 promulgó la Novísima Recopilación.

A juicio de la mayoría de los juristas que se atrevieron a opinar, era un emplasto. Las críticas de un personaje como Martínez Marina fueron durísimas: «vasta mole levantada de escombros y ruinas, edificio monstruoso, compuesto de partes heterogéneas y órdenes irreconciliables». Estaba plagada de defectos inadmisibles. Tan duras fueron las observaciones del jurista historiador que Reguera lo demandó ante los tribunales y, además, se sintió impulsado a dar explicaciones mandando a la imprenta una obra titulada Juicio crítico de la Novísima Recopilación. Pero no estuvo solo, como digo, Marina; también Juan Sempere y Guarinos fue, entre otros, un crítico acerbo.

Manuel de Lardizábal, un personaje clave en la puesta a punto y compilación de la legislación del xix con anterioridad a la promulgación de la Novísima Recopilación, había nacido en 1739 en la Hacienda de San Juan del Molino, en la provincia de Tlaxcala, Nueva España, y allí permaneció hasta que se trasladó a España y terminó sus estudios de derecho civil y canónico en Valladolid. Al cabo de los años pasaría por muy diferentes cargos políticos en gobiernos de signos encontrados. Pero destacó mucho como académico de la Lengua, para lo que fue elegido como miembro de número en 1775. A él se debe la edición del Fuero Juzgo y el eruditísimo estudio preliminar que lo acompaña. Don Manuel fue secretario perpetuo de la Academia desde 1776. Los trabajos de preparación de la edición del Fuero Juzgo habían comenzado en 1784, un par de años después de que Manuel de Lardizábal publicara una obra importantísima para la transformación del sistema punitivo del Antiguo Régimen: Discurso sobre las penas publicado en 1782.

Es un libro alineado con los principios reformadores que habían desarrollado los pensadores ilustrados, franceses e italianos, y también algunos autores españoles decisivos, entre ellos Macanaz, Feijoo, el padre Martín Sarmiento, Acevedo, Sempere y Guarinos y Forner. En el libro de Lardizábal se formularon, dentro de ese ámbito ideológico, muchas propuestas originales fundadas sobre todo en su experiencia, que ya era muy amplia cuando escribió el Discurso y, desde luego, incomparable con la de Beccaria, que, pese a su genialidad e influencia, escribió a los 26 años, en 1764, su crucial e influyente Dei delitti e delle pene sin conocer nada o muy poco de la práctica de la legislación criminal, más allá de lo aprendido en los ambientes intelectuales franceses e italianos.

La erudición que muestra el Discurso es mucha, probando un conocimiento del pensamiento criminalista que abarca con desenvoltura la literatura clásica y, desde luego, los principales autores que habían abordado la cuestión en su siglo(14).

El Discurso sobre las penas suponía la puesta en solfa de buena parte del derecho punitivo heredado que figuraba en los textos que la Academia había utilizado para la elaboración del Diccionario de autoridades. La constatación de este hecho no solo era palmaria para cualquier jurista de la época, sino que en este caso los cambios son además impulsados por un académico muy representativo, que tuvo en el período en que escribe esa obra y en los años inmediatamente sucesivos una posición de gran importancia dentro de la Academia. También fue el propio Lardizábal el que llevó a cabo la presentación escrita de la edición de 1780 por parte de la Academia del Quijote(15).

En fin, otra muestra muy significativa de los cambios que afectan a las fuentes jurídicas documentales que usó el Diccionario de autoridades tiene que ver con las concepciones concernientes a la intervención económica del Estado que trajo consigo la Ilustración. En particular, la afectación por esa nueva política de normas como las pragmáticas de tasas, y otro tipo de disposiciones de carácter intervencionista en los precios de los productos. En general, el mercantilismo dominante durante el reinado de Carlos II había dejado un reguero de normas de fomento de las fábricas e industrias públicas o mixtas, regulaciones proteccionistas y de control de los mercados, y limitaciones muy severas a la libertad de producción y comercio.

La Pragmática de tasas, tan importante para el Diccionario de autoridades, como otras normas de ese tipo dictadas en el siglo xvii, se corresponde con una intensa regulación pública que afectaba a la comercialización de los productos básicos. El objetivo principal de este tipo de regulaciones fue, inicialmente, garantizar el abastecimiento de la población, como refleja la aplicación de la tasa de granos que gravaba en Castilla desde 1502 su comercio.

Hasta 1765 no se liberalizó el comercio de granos. La tasa operaba cuando el precio de mercado excedía de los límites fijados(16).

El pensamiento ilustrado luchó contra esta clase de medidas postulando la adopción de disposiciones legales liberalizadoras del ejercicio de las artes, de la industria y el comercio. Campomanes, en el apéndice a su Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, criticó las ordenanzas de los distintos oficios y lo legislado sobre ellos en cuanto que se mantenía el empeño de «gravar a los artesanos con licencias y fianzas antes de poner obradores o tiendas» y establecer sobre ellos múltiples derechos y multas. En la fecha de su Discurso ya estaba claro que cuando los frutos de la tierra se tasaban, los labradores se desinteresaban del cultivo, y así lo advertía Campomanes. También subrayaba que ese tipo de gravámenes concluía en que los artesanos hicieran su obra apresuradamente, «falta de ley» y con malos materiales. Las tasas eran malas aunque se hubieran establecido usando criterios equitativos, lo que tampoco era el caso más general.

La crítica se extendía también a las restricciones en el ejercicio de las profesiones y oficios. Campomanes propuso en 1776 la supresión en las pruebas e informaciones de todas las preguntas que suponían impedimentos a determinadas clases para ejercer profesiones u oficios(17). En general todas estas propuestas de los grandes ilustrados terminarían en el reconocimiento final de la libertad de industria y comercio, que tenía por principio el levantamiento de todas las cargas y restricciones existentes durante el Antiguo Régimen, entre ellas muy especialmente las tasas que gravaban los productos. El final de este recorrido está en los Decretos de las Cortes Generales y Extraordinarias de 22 de febrero de 1812 y 8 de junio de 1813, entre otros, que adoptan medidas liberalizadoras; habrían de sufrir un paréntesis en el inmediato período absolutista, y resurgir con los reales decretos que se aprueban inmediatamente durante la regencia de M.ª Cristina (Reales Decretos de 6 de septiembre y 6 de diciembre de 1836 y 29 de mayo de 1837, entre otros).

IV

¿Cómo afectaron todos estos cambios políticos y legales al Diccionario de la Academia?

No está contado el efecto en ningún sitio que me conste, pero parece razonable pensar que sembraran dudas serias en los académicos sobre cómo continuar su obra y afrontar las nuevas ediciones. No se hizo, propiamente, ninguna más del Diccionario de autoridades. Se llegó a publicar una segunda edición del tomo primero, que comprendía la A y la B, en 1770, y las actas de las juntas de la Academia dan cuenta de que se había convertido en un trabajo ordinario discutir y repasar las abundantísimas papeletas y cédulas que recogían posibles o necesarias modificaciones. Y no se cejó en el empeño hasta bien entrado el siglo xix, cuando la nueva edición de Autoridades quedó definitivamente bloqueada. A cambio, en 1780, se hizo una edición nueva, primera del Diccionario de la lengua castellana, la matriz del que ha continuado reeditándose hasta hoy, despojado de las autoridades literarias, legales o de cualquier otro orden. Todas hubieran tenido que renovarse para mencionar textos posteriores a la primera edición, que reflejaran, al lado de los clásicos, la realidad de la lengua del momento, pero especialmente tendrían que haber dado cuenta de los cambios normativos. Este problema se debió vislumbrar por los académicos como una cuestión grave, que haría muy trabajoso el mantenimiento de la planta del Diccionario como fue concebida en 1713-1715 y aplicada en los volúmenes publicados entre 1726 y 1739. Formaban parte de la RAE en el período de tiempo que va desde el último cuarto del siglo xviii al primero del xix, mientras estos problemas de la renovación de las autoridades jurídicas del Diccionario se debatían, eminentísimos juristas, algunos de los cuales eran mentores e incluso coautores de los proyectos de reformas legales que habían desplazado los iniciales corpus en que se apoyó aquella obra magna.

Desde luego, ninguna de estas transformaciones implicaba que los artículos del Diccionario afectados quedaran invalidados. La significación de las palabras es más estable que los cambios normativos si han logrado entrar a formar parte del lenguaje en uso. Quizá la evaluación más acertada hubiera llevado a concluir que el problema no era tanto de sustitución de lo existente como de adición o de cambio de significado. De hecho, según las minuciosas cuentas que han formulado M. C. Henríquez Salido y E. Alonso-Misal, las ediciones del Diccionario desde 1780 aumentaron el número de palabras de significación jurídica estricta(18).

Pero el hecho es que aquel monumento lingüístico que fue el Diccionario de autoridades, construido con la más avanzada técnica lexicográfica de toda Europa, basada en definiciones escuetas y comprobaciones documentales del uso de cada palabra, anotando las fuentes para apoyar cada una de las definiciones, no volvió a editarse completo. En el Diccionario de uso desaparecieron los fundamentos literarios o legales, o el apoyo en documentos de la vida diaria, desde los periódicos a las guías telefónicas. Esto no implicó, desde luego, que la RAE se desentendiera del asunto y no volviera a emplear el método, que, por el contrario, se mantuvo presente en la papeletización de formas por millones y, ulteriormente, en los grandes corpus electrónicos, hasta el actual CORPES (Corpus del Español del Siglo xxi).

La autoridad del Diccionario se hizo radicar en la propia Academia y sus miembros. Como había ocurrido con el diccionario de la Académie Française desde el principio.

Los corpus de la Academia también empezaron a situar en un lugar marginal las fuentes legales. El CORPES se alimenta hoy de toda clase de fuentes, entre las que ocupa un lugar modesto la documentación jurídica. Obviamente implica esto un empobrecimiento cuya raíz no está solo en los cambios que he descrito en un apartado anterior, acontecidos en el siglo xviii, sino también en lo que ocurrió con la llegada del constitucionalismo, como enseguida explicaré.

V

A finales del siglo xviii, en los años preliminares al estallido de la Revolución francesa y a partir del desarrollo de esta, se produjo también una revolución de las palabras. Palabras nuevas de enorme significación política para poner nombre a instituciones y derechos antes inexistentes: asamblea legislativa, elecciones, soberanía nacional, separación de poderes, liberal, guillotina, sansculotte, derechos del hombre, igualdad, fraternidad, bienestar, felicidad, libertad, libertad de industria y comercio, libertad de imprenta, y tantas otras de gran significación política y social. Algunas se habían hecho presentes en el pensamiento de la Ilustración, pero la Revolución fue el movimiento que las constitucionalizó y fijó en las declaraciones de derechos. Aportaban novedades para la lengua muy relevantes. Por lo pronto suponían una súbita y rapidísima renovación del vocabulario, lo que de por sí es insólito considerando la lentitud con que evoluciona el idioma. Pero, sobre todo, se trataba de un vocabulario político no domado ni sometido a control. El vocabulario con relevancia política era, durante el Antiguo Régimen, dominio del monarca absoluto, que hacía uso de él o no en la legislación o en las resoluciones de sus consejos, y ponía límites o proscribía las palabras y conceptos inconvenientes. Las armas radicaban en la censura, en la autorización previa para editar, en los privilegios de edición, o incluso, con frecuencia, en la represión firmísima de la justicia real o la inquisitorial. Con la Revolución el vocabulario se enriqueció y, además, quedó fuera del control del monarca. Por primera vez se pudo fijar, sin condicionamientos políticos, la lengua viva y completa, tal y como se usaba para las comunicaciones entre los individuos y las instituciones, sin las cortapisas que imponía por su propia naturaleza, y al servicio de su supervivencia, el absolutismo.

Dos preceptos de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Revolucionaria francesa el 26 de agosto de 1789, proclamaron las libertades de pensamiento y comunicación en los términos que habían reclamado los filósofos ilustrados desde hacía un siglo. El artículo 10 prescribió: «Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, con tal de que su manifestación no altere el orden establecido por la Ley». Y el artículo 11: «La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir e imprimir libremente, sin perjuicio de responder por el abuso de esa libertad en los casos determinados por la ley». Aquellos días del primer año de la Revolución muchos escritores políticos e impresores habían lanzado hojas sueltas, panfletos y periódicos que empleaban el lenguaje con una virulencia hasta entonces desconocida(19), y manejando el vocabulario nuevo a raudales. Muchas instituciones quisieron parar, sin lograrlo, los abusos de la nueva libertad de palabra. Fue necesario condicionarla mediante leyes. Estando vigente la Constitución de 1795 se aprobó definitivamente una ley de prensa el 12 de abril de 1796 que se mantuvo vigente hasta 1830. Luego otras la sucedieron. Mucho antes, con ocasión de hacerse con todo el poder, Napoleón pronunció un discurso clarificador ante el Consejo de Estado en el que explicaba cómo, por comparación con Inglaterra, en Francia no podía darse rienda suelta, sin ningún control, a la libertad de palabra. Esta posición de principio sobre los límites de la libertad de expresión y comunicación se mantuvo durante muchos años.

En España, el torrente de palabras que venía de Francia no solo afectaba al sistema social y político establecido en general, sino de modo particular a la monarquía. En el país vecino el monarca terminaría siendo decapitado y se establecería la república y una cultura laica e igualitaria; en definitiva, todos los estamentos dominantes se sentían amenazados por las nuevas ideas. En consecuencia Carlos IV prohibió todos los periódicos que estaban fundándose en España febrilmente desde el reinado de su antecesor, con la única excepción del Diario de Madrid (Resolución de 24 de febrero de 1791 y Auto del Consejo de 12 de abril del mismo año). Mandó recoger algunos especialmente peligrosos, como El Censor. Y, en fin, excitó el celo del Tribunal del Santo Oficio, que se especializó en perseguir escritos que importaban desde Francia la nueva doctrina(20).

Pero levantar barreras a la circulación de las palabras fue empresa harto difícil. Floridablanca quiso implantar un bloqueo de gran magnitud tratando de conseguir un rechazo total del fenómeno revolucionario francés.

La primera y muy expresiva comunicación acerca de cómo dicho movimiento estaba afectando al vocabulario es la que se contiene en la correspondencia cruzada entre el embajador de España en París, conde de Fernán Núñez, y Floridablanca, entre 1789 y 1791. Relata el embajador a Moñino los sucesos y aparece en sus cartas una muestra impresionante de ese vocabulario nuevo. La misma ilustración ofrecen las cartas que el encargado de negocios de la embajada, Domingo de Iriarte, dirige a su hermano Bernardo. Allí se ve la traza que está dejando el arsenal de las palabras emergentes. En ambos casos, con la particularidad de que los corresponsales se esfuerzan por verter al español, adoptándolas, expresiones hasta entonces desconocidas en nuestra lengua. Y las acomodan con dificultad. Hay casos en que no se les ocurre ninguna solución y emplean el galicismo en crudo, sin adaptación alguna.

Iriarte, que, desde 1791, se quedó al frente de la embajada parisina, siguió contando sus impresiones en la correspondencia que mantuvo con el conde de Aranda. Le hacía notar, en una carta de 4 de julio de 1792, que la Revolución había cambiado muchas cosas y había tenido la necesidad de inventar palabras para expresarlas. Insinuaba que podría hacerse con ellas un diccionario para traerlas y fijarlas en nuestra lengua. Aranda ordenó enseguida que se preparara e Iriarte propuso una relación provisional que incluía 271 vocablos(21). También los franceses hicieron lo mismo para recoger el vocabulario naciente. Se elaboraron suplementos de los diccionarios de uso y el propio diccionario de la Académie Française incorporó las novedades esenciales a su quinta edición. El Nouveau dictionnaire portatif de la langue française de Marie Gallel, que había editado un apéndice en 1797 con las novedades revolucionarias, también preparó para su edición bilingüe un Vocabulario francés-español de las voces introducidas en el idioma francés desde la Revolución francesa (1803). Lo mismo ocurrió con el diccionario de J. L. Barthélemy Cormon y otros(22).

En la España absolutista se luchaba todavía por las mismas fechas en que se producen las mencionadas ediciones, con todas las armas disponibles, contra esa invasión léxica, tan inconveniente para los intereses de la monarquía, la nobleza y el clero.

Pero el muro estaba desmoronándose de hecho por la presión de ediciones múltiples de folletos, hojas sueltas y periódicos que, desde posiciones de riesgo, se arrimaban a las ideas revolucionarias. Y el bloqueo, en fin, quedó roto formalmente el 10 de noviembre de 1810 cuando las Cortes Generales y Extraordinarias aprobaron el Decreto de Libertad Política de la Imprenta. Su norma principal está en el artículo 1: «Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, baxo las restricciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto».

Entonces las compuertas del poder público quedaron abatidas y penetrables por la crítica de los periódicos que se fundaron inmediatamente o restablecieron al calor de la nueva libertad. Se multiplicaron, al hacerse también más explícitos, los conflictos provocados por el contenido de las publicaciones. Algunos periódicos muy señalados se enfrentaron al poder, como El Robespierre Español que redactaba Pascasio Fernández Sandino, El Español de Blanco White o el Semanario Patriótico de Quintana(23).

En el período constitucional, que abre el Decreto de Libertad de Imprenta y continúa con las Cortes Generales y Extraordinarias en Cádiz, fluye el torrente de la innovación léxica que trae el constitucionalismo.

María Cruz Seoane(24) ha llevado a cabo un estudio general e influyente sobre la renovación del lenguaje en el primer constitucionalismo español, completado luego por otros muchos diversos ensayos y artículos, entre los que destaco el libro de M.ª Teresa García Godoy(25). Documentan estos estudios los nuevos vocablos que se afincan entonces. Algunos proceden de la Ilustración, como felicidad y bienestar, pero la Constitución de 1812 los eleva de dignidad al incorporarlos a su artículo 13(26).

Revolución, reforma, soberanía nacional, nación, unidad nacional, patria, división de poderes, poder legislativo, arbitrariedad, constitución, poder judicial o judiciario, responsabilidad, funcionario público, derechos del hombre (naturales, sagrados, inherentes, inalienables, imprescriptibles), igualdad, libertad, seguridad, propiedad... Seoane estudia la utilización de estos vocablos en los debates constituyentes y en la prensa de la época. García Godoy incluye en su libro un extenso glosario del vocabulario doceañista con alcance prácticamente exhaustivo. El modelo idiomático que se adopta en el debate constituyente transformaría desde luego la lengua del derecho, y se desarrollaría progresivamente durante los años siguientes. Algunas de las palabras son directamente vocablos revolucionarios, procedentes de la Revolución francesa, cuya utilización, por ser excesivamente radical, la mayoría de los diputados reprueba. Pero otras o son realmente innovaciones lingüísticas, o transformaciones de viejas palabras para darles un nuevo significado. Esta «revolución de los nombres y no de las cosas» es algo que critica seriamente el periódico El Redactor en un artículo de 1813, refiriéndose al cambio de nombre del Consejo de Castilla por Tribunal Supremo de Justicia. Muchos periódicos de la época se dedican a dar cuenta de la significación de las palabras revolucionarias e incluso llegan a dar por entregas relaciones de definiciones de los vocablos de moda. Así lo hace el semanario Patriótico en relación con la palabra pueblo. O El Censor en relación con las palabras gobierno, leyes fundamentales, constitución y patriotismo.

Las palabras en esta época han dejado de tener la misma significación neutral e indiferente que tuvieron durante todo el Antiguo Régimen. Ahora la aceptación o no de lo nuevo tiene también significación política y puede determinar que quien las acepta sea calificado de afrancesado o patriota, de conservador o liberal, de absolutista o constitucionalista. Incluso para la lucha de palabras contra palabras, los diccionarios, que hasta ahora habían sido herramientas absolutamente neutrales e indiferentes a la política, se empiezan a emplear también con sesgo ideológico no disimulado.

Los pioneros fueron los diccionarios burlescos, que aparecen en los primeros años del siglo xix para zaherir a los adversarios políticos mofándose de su inclinación a usar palabras nuevas o acepciones nuevas de palabras antiguas cuyas definiciones ridiculizan. Se publican por entusiastas de las diferentes ideas políticas y filosóficas en liza. Para parodiar a políticos serviles, afrancesados o progresistas a cualquier título, el Diccionario razonado manual para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en España. Obra útil y necesaria en nuestros días se editó un par de veces en 1811. Los grupos liberales reaccionaron encargando otra obra paródica, que provocó gran escándalo, hasta el punto de que su autor dio con sus huesos en la cárcel. Se tituló Diccionario crítico burlesco del que se titula «Diccionario razonado manual para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en España». Aunque se publicó también como panfleto anónimo, se sabía que su autor había sido Bartolomé José Gallardo, bibliotecario de las Cortes de Cádiz(27). El Diccionario crítico burlesco de Bartolomé José Gallardo se publicó en una primera versión, de apenas 22 páginas, que luego se fueron ampliando, hacia 1811(28).

Al género pertenecen también el Nuevo vocabulario filosófico democrático, indispensable para todos los que deseen conocer la nueva lengua revolucionaria. Escrito en italiano y traducido al español, del que es autor el jesuita Lorenzo Ignacio Thiulen en Venecia, que se edita en Madrid en 1813, y otros varios(29).

Para lo que ahora interesa destacar, estas obras, que desde luego contienen definiciones cargadas de subjetivismo, valoraciones y opiniones, que las hacen lexicográficamente inaceptables(30), demuestran la relevancia política de las palabras, que su empleo no es indiferente desde el punto de vista de la política. Y, además, a partir de ellas es posible establecer cuál era la relación esencial de las palabras que resultaban controvertidas. Por ejemplo: adepto, contrato social, constitución, despotismo, democracia, fanatismo, filósofos, filantropía, francmasones, humanidad, jacobinos, jansenistas, liberales, libertad de opinión, patriotismo, preocupación, público, pueblo, regeneración, ruina, serviles, superstición, tolerancia, ilustración, igualdad...

Como ha estudiado M.ª Teresa García Godoy(31), algunos vocablos doceañistas, cuya utilización está muy bien documentada en los estudios que he citado, también eran palabras con «vitola académica». Cotejando la cuarta edición de 1813 y la quinta de 1817 del Diccionario de la Real Academia Española, comprueba la autora citada que muchas palabras nuevas del Cádiz de las Cortes recibieron pronto el parabién de la Academia. En 1817 son académicas las voces egoísta, egoísmo, insurgente, insurrección, intriga, intrigante, subversivo, votación y las acepciones políticas de parlamentario, estado llano y orden público. La cosecha sin embargo no era objetivamente muy importante para la renovación del Diccionario, considerando el enorme impacto que el nuevo léxico constitucional debería haber tenido.

Otros muchos vocablos que se imponen definitivamente durante los gobiernos liberales desde la regencia de María Cristina faltan en el Diccionario de la RAE. El lexicógrafo Ramón Joaquín Domínguez lo puso de manifiesto en su Diccionario nacional, publicado en 1846-1847. Texto de extensión impresionante, en el que Domínguez explaya sus concepciones ideológicas sobre muchos de los lemas que define, cuando la materia lo permite, y en el que, cuando puede, se muestra muy beligerante contra el Diccionario de la Academia por no incluir algunos vocablos esenciales de la era constitucional. Algunas veces parece ensañarse con la estolidez de los académicos, que cree debida más a indolencia que a desconocimiento o temor político. Por ejemplo, al definir la palabra funcionario, dice Domínguez que «los señores académicos se han olvidado de sí mismos. La mayor parte son funcionarios del Gobierno, sin embargo han omitido esta voz. En casa de herrero, cuchillo de palo». A la fecha del diccionario de Domínguez, tampoco habían llegado al Diccionario liberalismo, servilismo, territorio, terrorista, diputación provincial, levantar la sesión, soberanía nacional, partido de oposición, y muchísimas acepciones nuevas concernientes a las palabras libertad, igualdad o constitución propiamente.

Además de otras razones, que se derivan de lo que he expuesto, el retraso de la Academia en responder a la revolución del léxico jurídico y político, iniciada en Francia y continuada al final del período ilustrado y en los primeros años del constitucionalismo, tuvo que deberse forzosamente al carácter controvertido de muchos de sus términos. La RAE dio aquí muestras de un razonable conservadurismo, que además venía forzado por la mala situación que la Academia como institución y algunos de sus miembros más notables padecieron desde la entrada de los franceses y la inmediata Guerra de la Independencia. Alonso Zamora Vicente en su Historia de la Real Academia Española(32) explica que cuando se produjeron aquellas circunstancias «los académicos se dispersaron, casi todos embarcados en la nueva y brusca situación. Domina la actitud antifrancesa en toda esta vida tumultuosa a borbotones que estalló en 1808 tras los sucesos del 2 de mayo en Madrid. Las sesiones se van espaciando en esa fecha y parece que vuelven a reanimarse en julio y agosto, después del ruidoso eco de la batalla de Bailén. El 8 de noviembre el pleno quedó enterado de la muerte de Pedro de Silva, su director, acaecida en Aranjuez [...]. En esa fecha cesan las reuniones [...]. En septiembre de 1810 se reúnen unos poquitos...».

José María Merino ha establecido una clasificación posible de los académicos para determinar las posiciones políticas de unos y de otros, diferenciando entre académicos afrancesados indiscutibles y patriotas propiamente dichos(33).

Está muy bien evaluado este largo período de dificultades por Víctor García de la Concha en su obra La Real Academia Española: vida e historia, en dos capítulos sucesivos dedicados a la «Continuidad en tiempos convulsos» y a la «Refundación», que, aunque se inicia a mediados del siglo xix, no concluye hasta la edición del Diccionario de 1884. La calma de la Restauración y la incorporación al final de ella, en 1925, a la dirección de D. Ramón Menéndez Pidal solo fueron un engañoso remanso que abocaría a una nueva etapa de vorágine(34).


María Paz Battaner Arias(35) hizo un análisis contrastado entre las palabras de género político-social que pudo documentar en la época a la que se refiere su libro (1868-1873), y las que faltaban en el Diccionario de la Academia. Evidencia omisiones de palabras que tenían mucho uso en el lenguaje ordinario. Y ello sin contar otra merma concerniente a palabras de uso muy habitual en la literatura jurídica, que en los tiempos fundacionales de la RAE hubieran estado sin ninguna duda en el Diccionario, y que eran la expresión de la fuerza innovadora que seguía teniendo, tanto como las fuentes literarias, el lenguaje utilizado por las leyes.

La ilustración práctica de lo que sostengo puede llevarse a cabo, más allá de los análisis sistemáticos que ofrecen estudios como el que acabo de citar, rastreando a través de las ediciones del Diccionario la presencia o no de algunas palabras claves del debate constitucional o, en su caso, el tratamiento que reciben en los artículos correspondientes. No lo haré ahora con el detenimiento necesario, pero pongo algún ejemplo sencillo.

Hubo cuatro locuciones a lo largo del siglo xix que estuvieron en el centro de todos los debates constitucionales, de 1812 a 1876 (con continuidad, por tanto, hasta 1931, considerando que hasta ese año estuvo vigente la Constitución de 1876), y fueron la causa formal de todas las reformas y períodos constituyentes abiertos en el siglo: soberanía popular, libertad religiosa, libertad de reunión y libertad de asociación. Soberanía popular, libertad de reunión y libertad de asociación son unidades léxicas que nunca se incorporaron al Diccionario y siguen sin estar en él en la actualidad. Libertad religiosa se ha añadido por primera vez en la vigesimotercera edición. Están, desde luego, la palabra libertad y otras formas complejas, desde la primera edición. Pero, si no es por las razones que vengo explicando, no tendría otra justificación la falta de dichas acepciones, que son quizá las más importantes. Más aún si se considera que otras formas complejas mucho menos relevantes, o incluso sin importancia alguna en la actualidad, se han mantenido. Pongo por ejemplo la expresión «sacar a libertad la novicia», que se define así: «Examinar el juez eclesiástico su voluntad a solas, en paraje donde sin dar nota pueda libremente salirse del convento». Es una acepción de la palabra libertad que figura en la edición de 1817, y se mantiene en la vigesimotercera de 2014.

VI

Pese a las dificultades de cada época, las actas del pleno de la RAE dan cuenta de la infatigable continuidad de sus trabajos de mantenimiento y mejora del Diccionario. Aunque la hazaña de editar otra vez el Diccionario con autoridades no llegó a realizarse, nunca se cejó en el empeño; en el archivo de la RAE ha quedado un buen rastro de esos trabajos preparatorios que, desde luego, se aprovecharon para documentar bien los estudios incluidos en el ordinario de uso.

Abandonó también la Academia, de un modo menos explicado, un proyecto que anunció el prólogo del Diccionario de autoridades, para llevar a cabo cuando este estuviera acabado, consistente en preparar un diccionario de las «artes liberales y mecánicas». Decía al respecto que del vocabulario correspondiente a esas materias se habían recogido «solo las que han parecido más comunes y precisas al uso». Pero seguidamente prometía: «8. De las voces propias pertenecientes a Artes liberales y mechánicas ha discurrido la Academia hacer un Diccionario separado, cuando este haya concluido...». Cuando publicó la segunda edición del primer tomo, en 1770, parece que había declinado hacerlo por considerar que Autoridades era un «diccionario universal», muy copioso, desde luego, que incluía «todas las voces que se usan en el trato o comercio común de las gentes», circunstancia que justificaba no «entrar en él las ciencias, artes y oficios que no han salido del uso peculiar de su profesión». El hueco que dejaba este desistimiento lo ocupó, unos años después, el Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina y castellana (1786-1788) del jesuita Esteban Terreros y Pando. Obra monumental, aun si fuera colectiva y no de un solo individuo como fue, que se centró en corregir y ampliar voces del Diccionario de la Academia, añadiéndole vocablos correspondientes a las especialidades que no figuraban en él.

Pero la cuestión de la recepción en el Diccionario del léxico técnico, en la medida al menos en que fuera utilizado en la comunicación ordinaria, se estuvo replanteando desde entonces y hasta hoy mismo. Con ocasión de la edición de 1884, que suscitó diversas polémicas, académicos de tanto peso como Valera y Castelar se mostraron partidarios de estudiar y corregir dicho lenguaje. Y la Academia, finalmente, acordó que el Diccionario debía incluir voces «de ilustre abolengo y de uso bastante autorizado [que] pertenezcan a las ciencias, a las artes y a los oficios de más general aplicación [...] cuando hayan traspasado los dominios de lo técnico para entrar en el lenguage común»(36).

Determinar cuándo se produce ese tránsito es cuestión de difícil apreciación. En el Diccionario de la lengua, a lo largo de sus sucesivas ediciones y hasta la actual, se han conservado palabras explicadas en estudios de elevadísima especialización, como podrá comprobarse curioseando el léxico propio de la botánica, la fisiología o la geología, por ejemplo. La Academia ha resuelto en cada caso en concreto lo que debía hacer sin que existan reglas generales por las que poder guiarse.

Vuelvo, sin embargo, a la cuestión del vocabulario jurídico del Diccionario académico porque creo que en el caso de esta disciplina técnica las relaciones no pueden guiarse por la pauta que antes he transcrito. Por lo pronto, el lenguaje jurídico presenta una moderada especialización en relación con el ordinariamente utilizado o, si se prefiere, las barreras entre el lenguaje técnico y el ordinario permiten un tráfico muy fluido de palabras (la especialización se establece sobre todo con locuciones).

Una prueba que a estas alturas de mis explicaciones debería ser suficiente es que el Diccionario de autoridades se sirvió ampliamente del léxico jurídico. Esto no se explica, desde luego, por la única razón de que las palabras seleccionadas hubieran pasado al dominio del lenguaje común, que también era el caso, sino porque encontraron en la legislación semilleros de palabras, riquísimos almacenes de vocabulario, de inesquivable consignación en Autoridades si querían, como pretendieron, que los destinatarios de la obra encontraran en ella el sistema, más o menos completo, del lenguaje usual.

Para los padres del Diccionario de autoridades, como he explicado más atrás, también las fuentes medievales en que se apoyaron eran joyas de valor inapreciable para estudiar la formación de la lengua castellana; la literatura más antigua y abundante. De aquí el respeto y veneración con que se publicó por la Academia el Fuero Juzgo(37), y la atención que han prestado a aquellos textos muchos insignes historiadores de la lengua que han sido académicos en diferentes épocas(38). De modo natural, los vocabularios de las leyes principales tenían que pasar a engrosar el Diccionario porque reflejaban las formas de vida, las peculiaridades de las relaciones sociales, los avatares de la convivencia mejor que ningún otro texto.

El Diccionario ha tratado siempre, desde que se fundó, de cumplir la función de interés público que implica incluir el léxico histórico y contemporáneo que permite tanto comprender el Quijote como conocer lo que significan las palabras que utilizan las leyes más importantes.

La circunstancia de que durante dos tercios de la historia y vida total de la Academia un nutrido grupo de sus miembros estuviera formado por próceres, miembros de altas instituciones del Estado, renombrados gobernantes o destacadas personalidades del foro, todos con formación jurídica de base, aseguró también la fluida presencia en el Diccionario del vocabulario jurídico, al menos cuando era políticamente correcto, y su renovación. Esta composición tradicional de la institución empezó a cambiar, como ha verificado Álvarez de Miranda, a partir de que asumió, en 1925, la dirección Menéndez Pidal. No sucedió nada revolucionario, pero aumentó paulatinamente el número de filólogos y los especialistas se diversificaron(39).

Pero en cualquier época el vocabulario jurídico ha ocupado una parte significativa del Diccionario de la Academia.

La prueba más estable de la presencia del léxico jurídico en el Diccionario la ofrece el simple resultado del cómputo de los lemas y acepciones que están marcados como pertenecientes al derecho (Der.) o que, sin contar con dicha marca, se usan dominantemente en el lenguaje jurídico. Se acercan al diez por ciento el total de los lemas recogidos y ello sin tener en cuenta que, siguiendo una tradición que viene de Covarrubias y continuó Autoridades, solo se señalan con esa marca los más vinculados a la disciplina del foro. Lo que deja fuera todas las palabras y locuciones que se han hecho de uso general aunque el empleo en el lenguaje jurídico se mantenga.

Desde la perspectiva de las necesidades actuales de la Academia, la consideración del lenguaje jurídico se proyecta en tres ámbitos complementarios:

El primero y más imprescindible es mantener y revisar el vocabulario jurídico recogido en el Diccionario de la lengua, que entre lemas y acepciones está por encima de seis mil definiciones. Es importante, pero incompleto, el vocabulario histórico; está estabilizado el de carácter civil, y, en general, necesitado de vigilancia y revisión continua todo lo perteneciente a las ramas más afectadas por los cambios normativos que ha impuesto la europeización y la regulación de los mercados. También el lenguaje político, administrativo y constitucional ha sufrido grandes renovaciones. Ya fue difícil, por las razones que he expuesto, ajustar en el Diccionario el lenguaje constitucional dieciochesco y decimonónico, pero también ha tardado en reconocerse el derivado del constitucionalismo actual.

La RAE fue consciente de estos problemas porque, durante el período en que fue director Víctor García de la Concha, propició la creación de una Comisión de Léxico Jurídico, no reglamentaria e integrada por especialistas externos dirigidos por Eduardo García de Enterría, que durante casi diez años hicieron un gran trabajo de puesta al día de ese vocabulario. Casi trescientos lemas y acepciones pasaron a la vigesimosegunda y vigesimotercera edición como consecuencia de dichos análisis. No obstante, un examen atento del léxico consolidado en la edición actual del Diccionario de la Academia permite determinar, sin duda, la necesidad de ampliar y completar esa revisión. En el mundo jurídico se está produciendo, desde finales del siglo xx, una nueva «revolución de las palabras», alimentada por los cambios de concepción de muchos derechos individuales y la emergencia de otros nuevos, y las transformaciones del Estado sobre todo por la europeización y globalización de las regulaciones económicas y sociales. Este arsenal nuevo es muy amplio y, una vez cribado para dejar de él lo duradero y esencial, tiene que ingresar en el Diccionario académico.

El segundo concierne a la formación de un corpus jurídico copioso y actualizado. Los grandes corpus de la Academia(40) han dejado en segundo plano esas referencias, al menos en cuanto que no usan como fuente preferente, para nutrirlos, los textos legales, la jurisprudencia y los tratados, monografías y ensayos doctrinales, sino documentos de otra clase, menos especializados, prensa incluida. Así como es incuestionable que el Diccionario de la lengua debe huir de definiciones excesivamente técnicas o de explicaciones extensas de los lemas que incluye porque ello sería lexicográficamente inadecuado, no puede caber duda de la utilidad de un corpus jurídico de suficiente envergadura como para asegurar que se utilizan fuentes acertadas al definir los vocablos que se decida incluir en el Diccionario. García de la Concha se refiere en su obra citada al corpus jurídico como una de las bases documentales claves con que cuenta la institución(41) pero la verdad es que hasta ahora no se ha desarrollado más allá de las aportaciones de la Comisión a que antes me he referido.

Y tercero, no tiene ningún sentido, en la actualidad, que la Academia no retome el inicial propósito de los padres fundadores de acometer, al término de su magna obra, Autoridades, y, si se quiere, el Diccionario de uso, la tarea de preparar diccionarios especializados. Por lo pronto, el acopio de materiales preciso para construirlos puede ser la manera más rápida y acertada de mejorar los corpus académicos. En el caso del derecho, un trabajo de este género podría acumular datos informáticamente ordenados de los que podrían derivarse muchas obras de utilidad, tanto para el trabajo general de la corporación como para grupos profesionales interesados. Ahora que las bases de datos no ponen límites a la información, el Diccionario electrónico de la Academia puede enriquecerse con todas las especialidades sin las limitaciones de volumen que imponían las ediciones impresas.

Este Diccionario del español jurídico (DEJ), que ahora presentamos, se ha propuesto dar respuesta, al mismo tiempo, a los tres grupos de necesidades mencionados. Esta será su aportación desde una perspectiva estrictamente lingüística o lexicográfica.

Pero, al mismo tiempo, acomete por primera vez en nuestra bibliografía la tarea de recuperar un modelo de diccionario que, aunque especializado, se acomode a las pautas metodológicas que impuso el Diccionario de autoridades. Formula definiciones casi siempre escuetas y las enriquece enseguida con indicaciones de uso de cada palabra o locución, y con «autoridades» o documentos extraídos de las leyes, los autores o la jurisprudencia. No es la primera vez, desde luego, como he reconocido al principio, que se hacen diccionarios jurídicos. Por el contrario, son una pieza bibliográfica tan antigua como la glosa. Desde el siglo xviii han dominado el género los de carácter enciclopédico, que se extienden en cada artículo en explicaciones extensas del asunto de que tratan. Este nuestro rompe con esa tradición y se acoge a los criterios lexicográficos de la Academia basándose en definiciones breves e informaciones complementarias que orienten sobre el uso correcto de cada vocablo.

La obra queda, pues, también al servicio de la seguridad y claridad del lenguaje jurídico. Algo, claro está, esencial para la vitalidad y prestigio del Estado de derecho.

NOTAS

  1. Para la historia de las Academias, M. Fumaroli: La república de las letras, Acantilado, Barcelona, 2013, págs. 210 y sigs. Un amplio estudio sobre la proliferación de las Academias desde mediados del siglo xvii y durante la Ilustración en España y otros países europeos, en Giovanni Stiffoni y otros: La cultura española entre el Barroco y la Ilustración, vol. II, de La época de los primeros Borbones, Historia de España de Menéndez Pidal, Espasa Calpe, Madrid, 1985. Una visión general en el artículo de Carmen Sanz Ayán «La Academia española y la consolidación de un proyecto cultural», en La lengua y la palabra. Trescientos años de la Real Academia Española, RAE, 2013, págs. 69 y sigs.

    Sobre los orígenes e historia de la Académie Française, los estudios clásicos son los de Jean-Paul Caput: L’Académie française, PUF, 1986; Pierre-Joseph Thoulier d’Olivet: Histoire de l’Académie française. Depuis 1652 jusqu’à 1700, J. B. Coignard, París, 1743; P. Mesnard: Histoire de l’Académie française depuis sa fondation jusqu’en 1830, París, 1857; D. Oster: Histoire de l’Académie française, París, 1970.

    También Francisco Sánchez Blanco: La mentalidad ilustrada, Taurus, Madrid, 1999; Willar F. King: Prosa novelística y academias literarias en el siglo xvii, Real Academia Española, Madrid, 1963.

    En relación con la Real Academia Española, los precedentes más inmediatos se sitúan en el movimiento de los novatores que, durante todo el siglo anterior a la creación de la Academia, formaron grupos interesados por la renovación del sistema, en todos sus términos: político, filosófico, jurídico, económico, etc. Sobre la influencia de ese movimiento, Pedro Álvarez de Miranda: «Las Academias de los novatores», en De las Academias a la Enciclopedia: el discurso del saber en la modernidad, ed. de Evangelina Rodríguez Cuadros, Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 1993, págs. 263 a 300; José Luis Pinillos: «Los “novatores” en la historia intelectual de España», BRAE LXXVIII, 1998, págs. 339-347; Jesús Pérez Margallón: Construyendo la modernidad: la cultura española en el tiempo de los novatores (1675-1725), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2002. Para la fundación e historia de la Academia, es siempre importante la descripción que está al frente del Diccionario de autoridades (ahora con reimpresión de 2014 para celebrar el tricentenario de la Academia), pero las dos obras de referencia son las de Alonso Zamora Vicente, La Real Academia Española (que reedita su Historia de la Real Academia Española) de 2006, RAE y Fundación Masaveu, 2015, y de Víctor García de la Concha, La Real Academia Española: vida e historia, Espasa, Madrid, 2014.

  2. Sobre el Diccionario de autoridades con carácter general, además del estudio de Lázaro Carreter que se cita en la nota siguiente, L. A. Hernando Cuadrado: «El Diccionario de Autoridades (1726-1739) y su evolución», Verba 24, págs. 387 y sigs.; S. Ruhstaller: «Las autoridades del Diccionario de Autoridades», en el libro editado por el mismo autor y J. Prado Aragonés: Tendencias en la investigación lexicográfica del español. El diccionario como objeto de estudio lingüístico y didáctico, Actas del congreso celebrado en la Universidad de Huelva del 25 al 27 de noviembre de 1998; Pedro Álvarez de Miranda: «El Diccionario de Autoridades y su descendencia. La lexicografía académica de los siglos xviii y xix», en Los diccionarios del español moderno, ediciones Trea, Gijón, 2011, págs. 17 y sigs. Del mismo autor, «La proeza de un diccionario con textos» y «Los diccionarios de la Academia», en La lengua y la palabra, op. cit., pags. 229 y sigs., y también, «Sobre las fuentes no literarias del Diccionario de Autoridades, con especial atención a la Pragmática de tasas (1680)», en prensa.

  3. Crónica del Diccionario de autoridades, que fue su discurso de ingreso en la RAE, publicado inicialmente en 1972 y reeditado por la Academia en 2015.

  4. La lista de autores elegidos de la Real Academia, en la página LXXXV del volumen primero del Diccionario de autoridades.

  5. La Academia ha hecho una edición facsímil del Diccionario de autoridades en 2013. La historia de la Real Academia Española figura en las páginas IX y sigs. Seguidamente se insertan los estatutos fundacionales y discursos proemiales sobre el origen de la lengua castellana, las etimologías y la ortografía.

  6. M. Freixas Alás: «Notas sobre la presencia de Lope de Vega en el Diccionario de Autoridades», en Anuario Lope de Vega X, 2004, págs. 41 a 61; Robert Jammes: «Góngora en el Diccionario de Autoridades», en Philologica. Homenaje al Profesor Ricardo Sanabre, Universidad de Extremadura, 1996, págs. 247 a 272; F. Florit Durán: «La nómina del Diccionario de Autoridades: el caso de Tirso de Molina», en I. Pardo Molina y A. Serrano (eds.): En torno al teatro del Siglo de Oro. XV Jornadas de teatro del Siglo de Oro; B. M. Gutiérrez Rodilla: «Construcción y fuentes utilizadas para los términos médicos en el Diccionario de Autoridades», Revista de Lexicografía I, 1994-1995, págs. 149 a 162; S. Ruhstaller: «Las autoridades del Diccionario de Autoridades», en S. Ruhstaller y J. Prado Aragonés (eds.): Tendencias en la investigación lexicográfica del español, Universidad de Huelva, 2000, págs. 193 a 224; Ruhstaller: «Sobre la génesis del diccionario académico. Las ordenanzas de Sevilla como fuente de material léxico en el Diccionario de autoridades», en Zeitschrift für romanische Philologie 120, 2004, págs. 106 a 127.

  7. G. Rojo: «Análisis cuantitativo de las citas del Diccionario de autoridades», en Boletín de la Real Academia Española, enero-junio 2014, págs. 137 y sigs.; P. Álvarez de Miranda: «Sobre las fuentes no literarias del Diccionario de autoridades, con especial atención a la Pragmática de tasas (1680)», en prensa.

  8. «Los textos legales en el Diccionario de autoridades», en el libro de Gloria Claverías y María Jesús Mancho: Estudios de léxico y bases de datos, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 2006.

  9. Una excelente edición crítica del Iuris civilis lexicon es la de J. Perona, Universidad de Salamanca, 2000. Para las Annotationes in libros pandectarum, la edición crítica con introducción y notas de Antonio García y García, Universidad de Salamanca, 1996.

  10. Además, casi todos los textos legales importantes habían sido objeto de obras que, para facilitar su manejo, aplicaban criterios alfabéticos para la ordenación de su contenido.

    Esta clase de obras, llamadas vocabularios, repertorios o diccionarios, aportan explicaciones sobre el significado de los conceptos que emplean (en Ana M.ª Barrero García se hacen explicaciones sobre la bibliografía que las ha estudiado: «Los repertorios y diccionarios jurídicos desde la Edad Media hasta nuestros días...»). Muchas se deben a prácticas sin mayor significación, pero otras fueron elaboradas por juristas de relieve. Al margen de las que se refieren al derecho romano o al derecho común, empezaron a publicarse repertorios de derecho castellano en cuanto la legislación en lengua vernácula se consolidó. Casi siempre se debe a la iniciativa privada y raramente se vislumbran encargos del monarca.

    El primer repertorio de derecho castellano es el conocido con el nombre de La Peregrina, que ordena el vocabulario jurídico de las Partidas. Se conservan cuatro códices latinos y uno en romance. Todos contienen definiciones de las Partidas con citas de derecho romano y glosas marginales. El autor es desconocido, pero las adiciones se deben a un tal Gundisalvo Gundisalvi, doctor en leyes (nombre que oculta el de Gonzalo González de Bustamente, obispo de Segovia), que trabajó sobre ella entre 1348 y 1380.

    Conocido fue también el Solemne repertorium seu secunda compilatio, preparado por Alonso Díaz de Montalvo siendo oidor de la audiencia de los Reyes Católicos, que se editó en Salamanca en 1485 y que seguramente tenía como fin principal facilitar el manejo de la recopilación de leyes que el mismo autor había hecho en 1480 por encargo de los monarcas (Ordenamiento de Montalvo, de 1480).

    No hay constancia de que estos diccionarios y vocabularios fueran tenidos en cuenta por los académicos para preparar su gran obra, pero puede suponerse que los tuvieron a la mano. Frente al esfuerzo de extraer de textos literarios, largos y complejos, palabras, la autoridad de las leyes y las facilidades ofrecidas por los diccionarios jurídicos permitían establecer guías seguras que los padres fundadores no pudieron menospreciar.

  11. op. cit. pág. 62.

  12. Para el análisis del interés de estos textos desde la perspectiva de la formación de la lengua castellana, en las obras generales, véase R. Menéndez Pidal: Historia de la lengua española, vol. I, 2.ª ed., 2007, págs. 507 y sigs.; R. Lapesa: Historia de la lengua española, Madrid, 1981, págs. 208 y sigs. Monográficamente sobre los textos alfonsíes, I. Fernández-Ordóñez: «Alfonso X el Sabio en la historia del español», que incluye una amplia bibliografía, en R. Cano (coord.): Historia de la lengua española, Ariel, Barcelona, 2013, págs. 423 y sigs.

  13. En relación con la renovación de las compilaciones y el pensamiento de los ilustrados al respecto, S. M. Coronas González: Ilustración y derecho: los fiscales del Consejo de Castilla en el siglo xviii, Madrid, 1992. Reguera Valdelomar había escrito varios Extractos del derecho español, que se iniciaban con el Fuero Juzgo, algunos de los cuales habían pasado a ser libros de texto universitarios. Entre ellos: Extracto de las leyes del Fuero Real con las del estilo, repartidas según sus materias en los libros y títulos del fuero a que corresponden. Formado para facilitar su lectura e inteligencia y memoria de sus disposiciones, Madrid, 1798; Extracto de Las Siete Partidas, Madrid, 1799; Extracto de leyes y autos de la Recopilación, Madrid, 1799. Sobre otras actividades compilatorias del jurista, A. Muro Orejón: «Reguera Valdelomar y el nuevo Código de Indias», en AHDE 21-22, 1951-52, págs. 1286 y sigs. Algunos estudios sobre los esfuerzos recopilatorios de finales del xviii son los de J. L. Bermejo Cabrero: «Recopilación de normas en Derecho y Administración pública», en La España del Antiguo Régimen, Madrid, 1985, pág. 123 y sigs.; también «Un plan de reforma de la Nueva Recopilación», en AHDE 51, 1981, págs. 641 y sigs.; y del mismo autor, «Anotaciones a la última fase del proceso recopilador», en AHDE 57, 1987, págs. 207 y sigs. También J. Cerdá Ruiz: «Advertencias para la formación de la Novísima Recopilación», en AHDE 23, 1953, págs. 643 y sigs. Y el estudio preliminar a Legislación del siglo xviii editada por el Centro de Estudios Constitucionales.

  14. Muy especialmente Montesquieu y Beccaria, continuamente presentes en la obra. A veces incluso se puede verificar que el autor omite alusiones al italiano porque este a su vez las ha tomado de L’esprit des lois y, sin decirlo, Lardizábal prefiere al creador de la idea más que a su continuador. Para el conocimiento directo de la legislación comparada, sobre todo la francesa, se vale del libro más prestigioso del momento, que es el de Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel, publicado en 1790. Pero como Lardizábal está próximo a las ideas de Beccaria, aunque a veces disputa y se aparta de sus soluciones, no llega a citar la diatriba de Muyart contra el libro de este. También están las citas justas de Rousseau para explicar el alcance del contractualismo como justificación del derecho punitivo y las de Brissot de Warville, el otro gran penalista francés reformista.

  15. Su obra, precedentes y consecuencias, en mi estudio Tortura, pena de muerte y duelo en la obra de los académicos ilustrados, Boletín de la Real Academia Española, tomo XLIV, cuaderno CCCIX, enero-junio de 2014, págs. 93 y sigs.

  16. Se aplicaban entonces unos precios de intervención, que, al tiempo que trataban de garantizar el consumo, evitaban el acaparamiento y la especulación. Desde luego, al mismo tiempo, la tasa desincentivaba la producción y también la formación de comerciantes profesionales. La abolición de la tasa de granos en 1765 no llevó consigo, sin embargo, una mejora de la situación de los agricultores ni la producción agraria, sino que favoreció a los que ya gozaban de posiciones privilegiadas durante el Antiguo Régimen. Un repaso general a estas políticas, en Rubén Pérez Pérez-Olivares: El hechizo del mercantilismo: Carlos II y la Junta de Comercio (1679-1707), Universidad Complutense, 2006.

  17. Las propuestas terminaron en una Real Cédula de marzo de 1783 que ordenaba que en adelante estarían habilitados para obtener empleos públicos quienes ejercían artes y oficios, declarando expresamente que «no solo el oficio de curtidor, sino también las demás artes y oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros de este modo eran “honestos y honrados” y que el tener estos oficios no envilecía a las personas que los ejerciesen ni a su familia, ni podría perjudicar o impedir el goce y prerrogativa de la hidalguía a quien la tuviera legítimamente». Otras reales cédulas y reales resoluciones de la época, como la de 2 de septiembre de 1784 o noviembre de 1778, añadían medidas de liberalización.

  18. Historia del léxico jurídico, Thomson, Madrid, 2010, págs. 157 y sigs.

  19. Lo he estudiado en mi libro Los itinerarios de la libertad de palabra, Madrid, 2013. V. bibliografía en la página 110 y sigs.

  20. J. A. Alejandre ha estudiado esta acción inquisitorial específica: «La censura de libros y folletos de contenido político en las últimas décadas del siglo xviii y en las primeras del xix», en E. Gacto Fernández (coord.): Inquisición y censura. El acoso a la inteligencia en España, Madrid, 2006, págs. 89 y sigs.

  21. Para la «revolución de las palabras» que se produce en la Revolución, J. Guilhaumou: La langue politique et la Révolution française. De l’événement à la raison linguistique, París, 1989; M. Maill: «Langue de pouvoir: langage politique et langage juridique pendant la Révolution de 1789», Bologna-Nationes, Atti della Natio francorum, II, pág. 337; J. Pérez de Guzmán y Gallo: «Embajada del Conde de Fernán-Núñez en París a los comienzos de la Revolución Francesa», en Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo XII, París, 1910, págs. 5 a 153. También Pérez de Guzmán: «Veintiuna cartas inéditas de D. Pedro Estala dirigidas a D. Juan Pablo Forner bajo el nombre arcádico Damon, para la historia literaria del último tercio del siglo xviii», en Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo LVIII, 1911, págs. 5 a 36; M. Moreno Alonso: «Cartas de París durante la Revolución. Domingo de Iriarte», en Repercusiones de la Revolución Francesa en España, Actas del Congreso Internacional celebrado en Madrid, 27-30 noviembre 1989, Universidad Complutense, Madrid, 1990, págs. 761 y sigs.; Jacqueline Chaumié: «Lettres de Domingo de Iriarte, chargé d’affaires d’Espagne en France, au premier ministre comte d’Aranda (juin-août 1792)», en Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France XXX, 1944, págs. 129 y sigs.; J.-R. Aymes: «La langue espagnole “révolutionnée” (1789-1800)» en J.-R. Aymes y A. Emieux (eds.): Mélanges offerts à Paul Guinard, vol. II: Hommage des dix-huitiémistes français, Éditions Hispaniques, Paris, 1991, págs. 19 y sigs.

  22. Referencias en A. Gil Novales: «El primer vocabulario de la Revolución francesa en España, 1792», en Eluggero Pii (ed.), I lenguaggi politici delle rivoluzioni in Europa, xvii-xix secolo, Atti del convegno Lecce, 11-13 ottobre 1990, Florencia, 1992, págs 285 a 298. También sobre esta influencia, pero más referida a los conceptos que al vocabulario nuevo, E. García de Enterría: La lengua de los derechos. La formación del derecho público europeo tras la Revolución francesa, Alianza Universidad, Madrid, 1994.

  23. Una perspectiva general en María Cruz Seoane: Oratoria y periodismo en la España del siglo xix, Castalia, Madrid, 1997. Y la exposición sobre estos problemas que hago en mi libro Los itinerarios de la libertad de palabra, Crítica, 2013, págs. 120 a 141.

  24. El primer lenguaje constitucional español –Las Cortes de Cádiz–, Moneda y Crédito, Madrid, 1968.

  25. El léxico del primer constitucionalismo español y mejicano, 1810-1815, Universidad de Granada, 1999.

  26. Remito a mi estudio «En busca de la felicidad», en prensa.

  27. Hay una edición facsímil hecha en 1995 por Marcial Pons.

  28. Hay una reedición en editorial Visor, de 1994, titulada Diccionario crítico-burlesco del que se titula Diccionario razonado manual seguido del Diccionario razonado, con preliminares de interés a cargo de Alejandro Pérez Vidal.

  29. V. P. Álvarez de Miranda, «Algunos diccionarios burlescos de la primera mitad del siglo xix (1811-1855)», en Romanticismo 2, Atti del III Congresso sul Romanticismo Spagnolo e Ispanoamericano. Il liguaggio romantico, Genova, págs. 155 y sigs.

  30. M. Seco, citado en el artículo anterior.

  31. «La Constitución de 1812. Nuevas palabras y nuevos significados», en La lengua y la palabra. Trescientos años de la Real Academia Española, Madrid, 2014.

  32. op. cit.

  33. «De afrancesados y patriotas en la Real Academia Española», en La lengua y la palabra, op. cit. Sobre la Academia en esta época, también María Paz Battaner Arias: «La Real Academia Española en las Cortes de Cádiz (1810-1823, en Boletín de la Real Academia Española, n.º 88, 2008, págs. 5 a 52.

  34. V. García de la Concha, op. cit., pág. 174.

  35. Vocabulario político-social en España (1868-1873), BRAE, anejo XXXVII, Madrid, 1977.

  36. V. García de la Concha, op. cit., pág. 241.

  37. Algunos años después de terminado el Diccionario, la Academia hizo una edición del Fuero Juzgo (Fuero Juzgo en latín y castellano, cotejado con los más antiguos y preciosos códices, por la Real Academia Española, Madrid, 1815, por Ibarra, impresor de cámara de S. M.). En el largo prólogo de esa edición, la Academia justifica la edición de un texto legal en los siguientes términos:

    ... consideró entonces con mucha razón la Academia que la publicación de estos escritos primitivos de nuestra lengua era el medio más a propósito para ilustrar sus orígenes y poner de manifiesto los pasos por donde se fue formando desde sus principios; y recorriendo las producciones de esta clase que nos presenta nuestra historia literaria, no podían menos de fixar su atención en la antigua traducción castellana, mandada hacer por el Rey San Fernando, del Código Legal que gobernaba desde el tiempo de los wisigodos: monumento de los más calificados de nuestro idioma, con el cual pocos pueden competir en la antigüedad y ninguno en la importancia del asunto, y uno de los ensayos que más contribuyeron a formar el nuevo romance castellano y a darle aquél grado de pulidez y hermosura con que a poco se mostró en las Partidas y otros escritos coetáneos.

    El trabajo de la Academia fue muy importante. Utilizó varios códices antiguos y los limpió de los graves defectos de que adolecían las ediciones precedentes. Pero nos interesa, no tanto esa tarea filológica como las indicaciones que el prólogo contiene sobre la importancia para la lengua de estos textos legales medievales. Aunque la cita es larga, merece la pena reproducir la evaluación de estos extremos contenida en el prólogo:

    La presente edición del Fuero Juzgo castellano ofrece gran parte de la historia primitiva de nuestro idioma. Aquí se verá por numerosos ejemplos, que instruyen mil veces más que los meros discursos y raciocinios, el modo con que el latín ya corrompido y bárbaro en que había degenerado el que hallaron los godos en la Península quando la invadieron en el siglo v, se iba transformando rápidamente en otro idioma diferente a principios del xiii; cómo se iban dexando las terminaciones antiguas y tomando las nuevas; cómo se mudaban unas letras en otras; cómo se disminuía a veces y a veces se aumentaba la concurrencia de consonantes; cómo titubeaba la escritura antes de que se fixaran las palabras; cómo prevalecía en algunas provincias el uso de ciertas letras e idiotismos según la diversa pronunciación de sus habitantes; cómo se introducía el artículo que no conocieron los latinos, cómo por el contrario desaparecían los casos de los nombres, y la mayor parte de los participios que los latinos usaron; y cómo se iba estableciendo y consagrando por el uso el modo de suplir la falta de esta variedad y gala que da tanta ventaja a la lengua matriz sobre las modernas que de ella nacieron. Los curiosos notarán las resultas producidas por el uso promiscuo de la B y de la V, de la U vocal y de la V consonante, de la L y de la LL, de la T y de la D, y por la frecuente sustitución de unas letras por otras del mismo órgano: verán en los nombres propios escritos casi siempre con variedad, y a las veces de un modo extravagante, la rusticidad de los tiempos, la ignorancia de los amanuenses, y los esfuerzos inquietos y vagos del idioma por fixarse y producir los nombre modernos; y en el confuso laberinto de las irregularidades que por todas partes ofrece un lenguaje naciente, hallarán alguna vez el hilo con que la analogía solía guiar de unas novedades a otras, e iba convirtiendo insensiblemente los casos particulares en preceptos y reglas. Los aficionados a otro género de literatura más abstrusa y peregrina podrán observar cuánto influía en el idioma que se formaba en la España cristiana el de los moros que habitaban lo restante de la Península; las palabras, modismos y fórmulas que le comunicaba; los nombres de medidas, animales, monedas, artefactos, agricultura y ciencias con que lo enriquecía. Los que quieran estudiar el mutuo influxo de la pronunciación en la escritura y de la escritura en la pronunciación, hallarán también materia copiosísima para sus reflexiones... Y así finalmente se ilustrarán por todos medios los orígenes del noble y magestuoso lenguaje de Castilla, y se verán los pasos por donde se encaminó desde sus principios a grado de perfección y hermosura que alcanzó en manos de Mendoza, Granada, Rivadeneyra, Cervantes, Saavedra, Solís, y otros célebres escritores de los tiempos pasados y de los nuestros.

  38. Remito a las obras citadas de R. Menéndez Pidal, R. Lapesa e I. Fernández-Ordóñez y, desde luego, al Nuevo diccionario histórico de la lengua española, actualmente dirigido por J. A. Pascual.

  39. V. García de la Concha, op. cit., pág. 129.

  40. V. García de la Concha, op. cit., pág. 351.

  41. V. García de la Concha, op. cit., pág. 386.