Hist. Caso resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1803, con ponencia del juez Marshall, del que arranca la doctrina sobre la posibilidad de invalidar las leyes que sean contrarias a la Constitución.El señor Marbury había sido designado juez por el Gobierno anterior cuando Jefferson llegó a la presidencia de los Estados Unidos y designó como secretario de Estado de Justicia a Madison. Como los nombramientos judiciales de Washington y Adams habían beneficiado a sus fieles políticos, Madison no ratificó el nombramiento de Marbury. En la sentencia de Marshall, se argumenta: «La cuestión de si una ley incompatible con la Constitución puede llegar a convertirse en ley de la Nación, es una cuestión de gran interés para los Estados Unidos; pero felizmente no es de dificultad proporcional a su interés. Solo resulta necesario establecer ciertos principios que se suponen que han sido bien y largamente fijados. Consisten estos en que la competencia y la obligación del órgano judicial es esencialmente declarar lo que es la ley. Los que aplican la norma a los casos particulares deben necesariamente exponer e interpretar esta norma. Si dos normas entran en conflicto entre sí, los tribunales deben decidir cuál es el campo de aplicación de cada una. Y así, si una ley se opone a la Constitución, si ambas, una ley y la Constitución, son aplicables a un caso particular, por lo que el tribunal debe decidir ese caso de conformidad con la ley, sin tener en cuenta la Constitución, o de acuerdo con la Constitución sin tener en cuenta la ley, el tribunal debe determinar cuál de esas normas en conflicto es aplicable al caso. Esta es la esencia verdadera de la obligación de los jueces». La doctrina de Marshall desarrolla sin separarse la opinión que había expuesto Hamilton en un artículo que figura como número 78 en El Federalista.
