servicio público constitucional

Se distingue entre los servicios «exigidos por la Constitución» y los regulados por la legislación ordinaria. Los primeros deben organizarse directamente por aquella. Los segundos son susceptibles de privatización. En el derecho francés, del que procede esta categoría, se alude a los servicios de defensa, justicia, asuntos exteriores, policía, etc. En general se alude a las «funciones de soberanía».